Un atentado contra la libertad de expresión

Jorge Uribe Piedrahíta
Comunicador Social/Periodista.

La condena contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo de Guayaquil, por una columna de opinión contra el Presidente Correa, es un atroz atentado contra la libertad de expresión, y una violación a la democracia, pues no puede permitir que el poder de los gobernantes calle la voz del pueblo.

Si la justicia permite que los tres directivos y el ex editor paguen los tres años de cárcel y la multimillonaria multa por una opinión en contra de Correa, no solo pone en prisión a inocentes, sino que encerrarán la voz del pueblo, llevando a que la libertad sea parcial y la democracia se segmenten.

“Es el inicio de una dictadura, más allá de que el juez Juan Paredes haya sentenciado a Carlos, Nicolás y César Pérez, dueños del periódico, y a Emilio Palacio, ex editor de Opinión; está que los periodistas que gozamos de libertad, no opinemos sobre los gobiernos, ni enteremos al pueblo de lo que hacen sus mandatarios”, expresó la periodista Sara Pérez.

El 6 de febrero de 2011, Palacio publicó una columna de opinión titulada “No a las mentiras”, en la que cuestionaba las acciones del Presidente durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010, cuando según Correa, fue “secuestrado y fraguado un golpe de Estado en su contra”. Emilio acusó al mandatario de dictador y de “haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles”.

Rafael demandó al periodista y al medio, y pidió una indemnización de 80 millones de dólares. Y para sorpresa de muchos, y batiendo un récord mundial, la justicia ecuatoriana decretó la condena y fijó la sanción económica a la mitad de las pretensiones del Presidente, quizás les pareció exagerado las denuncias, pero complacieron los mimos del engreído Jefe de Estado. ¿Será que obran igual para investigar asesinatos y crímenes?

Sin embargo, esto hace parte de lo augurado por el Universo a través de sus editoriales, cuando indicaron que con el referendo popular del 8 de mayo pasado: “Correa pretendía convertirse en dictador por la vía de las urnas, comprando conciencias, aceitando maquinarias y atacando a los medios independientes.

Ahora también, empezó a cumplir su sentencia de “meterle la mano a la justicia”  y “acabar con los mafiosos, corruptos, sicarios, mediocres y golpistas”, como calificó a los periodistas antes del referendo que, ya aprobado, le entregó súper poderes para reformar la rama judicial sin tener que consultar al Congreso por los próximos 18 meses. Una especie de “ley habilitante” como la de Chávez.

La OEA, un organismo, supuestamente, de libertades, debe actuar inmediatamente, sobre todo cuando existen tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y libertad de prensa que están vigentes. Es imperdonable que nadie intervenga para defender la voz del pueblo.